Derecho Público, Agrario y Ambiental
Exposición realizada en la Jornada Homenaje al Dr. Gustavo Apesteguía celebrada en el Instituto de Derecho Agrario y Ambiental del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Pergamino. Reflexiones sobre el derecho agrario y el desarrollo sostenible, la encrucijada de la humanidad y las tensiones ideológicas entre las palabras y los hechos, la teoría de la agrariedad y la cuestión agroambiental., la relación entre producción agraria, la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria.
El tema de mi intervención, lejos de alumbrar verdades reveladas o magistrales, es sólo agendar descriptivamente (sin juicios definitivos de valor) temas que hacen referencia no sólo al derecho agrario, tema que integró algunos intercambios personales reflexivos que tuve el privilegio de compartir con Gustavo, nos unía una central preocupación por estimular el pensamiento crítico y el ejercicio metódico de la duda para discernir entre el orden jurídico del “deber ser” con la del orden “empírico” que la realidad económica, ambiental y social impone en un campo complejo de múltiples miradas. Nuestra época transita una aguda impugnación a la actividad productiva agraria (desde amplios sectores del pensamiento ecologista y de algunos sectores urbanos informados parcialmente) y como responsables del deterioro ambiental de suelos y aguas y como emisores de GEI.
En fecha 1 de junio de 2022 se celebró por plataforma virtual el VI Congreso Nacional de Derecho Agrario Provincial organizado por la Universidad Nacional de La Plata – Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales – (UNLP-JURSOC) y por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires – Facultad de Derecho (UNICEN-DERECHO), coordinada por el Profesor Leonardo F Pastorino (UNLP) y por la Profesora Paula Noseda (UNICEN).
En materia de suelos agrarios la política y acción pública padece crónicamente, si bien con normas jurídicas vigentes, de una parálisis operativa de implementación estatal, posponiendo, aplazando y evadiendo una responsabilidad central del Estado tanto provincial, como nacional y en muchos casos municipal usando como pretexto otras actividades como refugio para no asumir la responsabilidad que el ordenamiento jurídico positivo le adjudica para instrumentar estímulos, incentivos económicos y exenciones impositivas para desarrollar acciones conservacionistas o de recuperación de suelos un recurso vital para la producción alimentaria
Mi intervención propone describir un naciente escenario jurídico de nuevas relaciones comerciales en la cadena agroproductiva extensiva vinculada a la ingeniería genètica y su estructuraciòn contractual especialmente respecto del productor agrario como usuario y destinatario final de la semilla. Lejos de exponer certezas con carácter de verdad revelada, mi intervención persigue el objetivo de agendar temáticamente interrogantes, sin agotarlos, sobre cuestiones que debemos profundizar estudios y análisis en nuestra condición de operadores jusagraristas.
Incorporar elementos de política ambiental en el sector agroproductivo no sólo no es complicado, sino que mucho de lo necesario ya está desarrollado y en aplicación si bien debe aún acentuarse y sometido a permanente actualización las Buenas Prácticas Agrarias (BPA) y supresión de malas prácticas que pueden afectar la salud humana y el ambiente, labor que desarrolla centralmente el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina y organizaciones técnicas de productores agrarios (AACREA, AAPRESID). Todos ellos aspectos muchas veces ignorado u ocultado por desinformación o información distorsionada, en muchos sectores urbanos, sobre la realidad de las prácticas agrarias. Unas últimas palabras sobre por qué hacerlo: debería comenzar el análisis de las ventajas comerciales derivadas de poder exhibir (e inclusive certificar por terceros independientes) el cumplimiento de normas sociales y ambientales.
Resulta de interés, a cuya lectura invitamos, el trabajo desarrollado por el biólogo e ingeniero agrónomo Jorge Adámoli (UBA- Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – Departamento de Ecología)
La noticia de la interposición de acción de amparo colectivo con objetivo impeditivo de percepción fiscal de derechos de exportación, llamados comunmente «retenciones» y presuntamente acción de repetición de la percepción de los derechos de exportación sobre operaciones agrarias desde el 1° de enero de 2022, promovida por la Sociedad Rural de Jesús María Córdoba junto con la Sociedad Rural Argentina (1) genera interrogantes sobre su progreso, mas allá de jurídicas cuestiones técnicas procesales y la naturaleza de la acción judicial promovida no puede obviarse que un pronunciamiento positivo y el tránsito de naturales apelaciones que podría llegar hasta la CSJN transita un contexto político particular y económico sensible en el marco de las negociaciones con el FMI.
Abogado Juan Carlos Acuña 
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