EL AGRICULTOR, LA SEMILLA Y LOS CONTRATOS DE LICENCIA DE USO DE TECNOLOGÍA –

Desde 2010 se inicia una nueva estrategia de las empresas semilleras mediante «ofertas públicas» a los agricultores a través de contratos de transferencia y uso de tecnología para semillas OVGM autógamas que no sólo incorporan la reserva onerosa de semilla de uso propio si bien podría concederse que el derecho de reserva gratuita para uso propio de semillas pueda ser renunciable como de hecho se verifica con los contratos de «regalía extendida», controvirtiendo el artículo 27° de la Ley de Semillas vigente; lo novedoso de estas propuestas es que también pretende extenderla a todo el producto cosechado imponiendo un canon tecnológico o regalía global sobre todo lo producido por uso de tecnología en semillas OVGM de primera generación que sigue siendo un producto final indiferenciado pues sólo incorporan resistencia a algunos herbicidas e insectos en la etapa de producción no le otorgan cualidad diferencial industrial o nutricional; la extensión del DOV/DPI a todo el producto cosechado lo articulan con fundamentos distorsionados de la UPOV 1978 incorporando a los contratos disposiciones de la UPOV 1991 apartados del ordenamiento jurídico vigente pues a la fecha rige la UPOV 1978. Uno de los argumentos que invocan es que la UPOV 1978 exige la autorización previa del titular del DOV/DPI para la comercialización de los granos producidos para uso y consumo; un argumento falaz pues la autorización dispuesta por la UPOV 1978 es para reproducción, multiplicación y comercialización de «semillas» no de todos los granos cosechados como los contratos de licencia a claúsulas generales predispuestas por las empresas semilleras se arrogan; también arguyen que por la UPOV 1991 si podrían extender a todos los granos cosechados y su transformación en subproductos industriales y que podría ser materia de «contratos privados» en una grosera y antijurídica argumentación pues la facultad que la UPOV 1991 dispone es prerrogativa de los Estados Miembros aprobarla a través de la ley y no por un contrato privado; en consecuencia las propuestas ingresan en una cuestionable validez jurídica tanto en el marco de los contratos de adhesión a clausulas generales predispuestas y como respecto del derecho del agricultor como «usuario final de la semilla».

El programa de incremento exportador de soja del DNU 576/2022. La urgencia económica, la transitoriedad y la instrumentalidad normativa complementaria

El DNU 576/2022 cambia de estrategia para el relanzamiento del mecanismo de incentivos y la reorienta a los exportadores, para lograr la liquidación de divisas en el mercado de cambios, si bien en sus normas dispositivas, como veremos, existe una mixtura de objetivos más programáticos que operativos y normas complementarias con anexos ciertamente opinables por el confuso y defectuoso lenguaje jurídico normativamente aplicado.

Puede ensayarse que algunos aspectos e impactos fueron omitidos en la evaluación normativa, como el caso de subproductos de soja que abastecen al mercado local impulsando una corrección de la ecuación de cálculo por producto a través de una resolución ministerial.

También puede ensayarse que, de las normas vigentes sobre el Programa Incremento de Exportaciones hasta la fecha del presente artículo, revelan ciertas ventanas confusas; especialmente nos referimos a la “nota aclaratoria” del anexo de la res. 5/2022 de la SAGyP complementaria del DNU 576/2022.

PROYECTOS DE LEY DE HUMEDALES Y ACTIVIDAD AGRARIA EN LA ECORREGIÓN PAMPEANA

ENCUENTRO PROMOVIDO Y ORGANIZADO POR EL CENTRO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE SALTO (CIAS) y por LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SALTO (APAS). Exposición realizada el 12 de octubre de 2022 en el marco de aportes al Proyecto de Investigación Jurídica J169 de la Universidad Nacional de La Plata «Derecho Agrario, Ambiental y del Agua: Respuestas en tiempos de cambios».
EL PROBLEMA DE LA DEFINICIÓN DE HUMEDALES – LOS 13 PROYECTOS DE LEY Y EL PROYECTO COFEMA – LOS LIMITES Y RESTRICCIONES DE USO DE SUELOS PRODUCTIVOS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES CON EXIGENCIA DE EIA, PLAN DE MANEJO Y USO SUSTENTABLE, PROHIBICION DE APLICACIONES DE FITOSANITARIOS AUTORIZADOS POR SENASA Y LEY 27233 Y SOMETIDOS A LA APROBACION DEL MINISTERIO DE AMBIENTE – LAS DISPARES DEFINICIONES Y LOS DISTINTOS MAPAS DE HUMEDALES QUE AFECTARÁN A VASTAS SUPERFICIES QUE PRESTAN UNO DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMAS SUSTANTIVOS: LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO E INDIRECTO Y LOS INGRESOS A LA BALANZA COMERCIAL, INGRESOS TRIBUTARIOS – CRITICA A LA VISIÓN UNIDIMENSIONAL DEL DESARROLLO SUSTENTABLE SOLO A LO AMBIENTAL SIN CONTEMPLAR LO SOCIAL Y ECONÓMICO QUE INTEGRA EL CONCEPTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE QUE EMERGE DE LA CLAUSULA CONSTITUCIONAL DEL ART. 41 – EL USO POLITICO DE LOS INCENDIOS COMO MOTORIZADOR DE UNA LEY DE HUMEDALES QUE NO RESOLVERÁ LOS INCENDIOS Y QUE YA TIENE LA LEY DE MANEJO DEL FUEGO Y LA LEY DE QUEMAS FRUSTRANTES E INOPERATIVAS POR INACCIÓN ESTATAL.

PROGRAMA INCREMENTO EXPORTACIONES y EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN SAGyP N°5 COMPLEMENTARIA DEL DNU 576.

A partir de la publicación de la resolución 5 SAGyP complementaria del DNU 576 y polémico anexo con «nota aclaratoria» se ha detectado una fuerte corriente de discutible interpretación incongruente con el DNU 576, que la nota aclaratoria abarcaría todas estas situaciones muy especialmente relacionado con la cancelación de cuotas del precio de arrendamiento donde los arrendatarios (productores, empresas de acopio comercial o cooperativo, fideicomisos agrícolas, fondos de inversión agrícola) informarían que, según la modalidad de equivalente en pesos de determinada cantidad de producto agrícola soja, debe calcularse al precio oficial del dólar del BNA vendedor, cuando en realidad sólo podrían quedar comprendidos si los contratos fueron fijados en dólares, pero no quedan comprendidos si las partes convinieron fijarlo en un equivalente en pesos de una determinada cantidad de producto sobre el precio pizarra que se publique en el boletín diario de mercado, usualmente la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Rosario. Debe acotarse que es curiosa la redacción de la «nota aclaratoria» pues hace referencia a «alquileres» cuando técnica y jurídicamente los alquileres rigen conceptualmente para locaciones urbanas; en el caso de los «campos» destinado a producción rige la ley de contratos de arrendamientos y aparcerías rurales 13246; es decir que debe hablarse de «arrendamientos» y no de «alquileres».

AGUA POTABLE Y ARSENICO – COMENTARIO A FALLO – CEDAF – UBA -OBITER DICTUM

Espacio del Centro de Derecho Ambiental – Facultad de Derecho (CEDAF) – Programa OBITER DICTUM – Regiones argentinas y el problema de los niveles de arsénico inorgánico en las aguas de consumo humano distribuida por red pública estatal que superan el máximo de tolerancia recomendada por la Organización Mundial de la Salud y dispuesta por el Código Alimentario Argentino. Tecnologías de remoción de arsénico y responsabilidad estatal nacional, provincial y municipal de resolver una grave amenaza para salud humana debido a la calificación de carcinógeno al arsénico inorgánico de presencia natural en vasto territorio argentino.

REGIMEN JURIDICO DE LA CONSERVACIÓN DEL SUELO AGRARIO EN ARGENTINA.

Exposición en el 1° Ciclo de Conferencias Técnico Jurídicas para Profesionales de la Agronomía y la Abogacía» (FADIA). Argentina exhibe una frondosa normativa jurídica nacional y provinciales penosamente inoperativas para el desarrollo de la acción pública y privada conservacionista. Superposición, dispersión y atomización de normas técnicas, jurídicas y de organismos competentes nacional y provinciales, ausencia de incentivos y estímulos dispuestos por las leyes vigentes, inacción de los consejos federales (agropecuario, medio ambiente e hídrico federal) para un abordaje integral y sistémico donde los limites de los ecosistemas dispuestos por la naturaleza no coinciden con los limites políticos territoriales de la organización estatal. Ciclo organizado por la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INGENIERÍA AGRONÓMICA (FADIA) con la adhesión del Centro de Derecho Ambiental (CEDAF) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

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