UNA OPCIÓN INSTRUMENTAL ADICIONAL A LAS DISPUESTAS POR LA LEY ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES (LOM) PARA LA MODERNIZACIÓN DEL MUNICIPIO.
Por Juan Carlos Acuña (*)
(Junín, Buenos Aires) La Asociación de Productores Agropecuarios de Junín (APAJ) y la Filial local de la Federación Agraria Argentina (FAA) impulsaron un inédito taller, en el ámbito de la sede de la UNNOBA, para análisis de las distintas opciones disponibles para la gestión participativa del servicio público vial rural del distrito, hoy ejecutada exclusivamente por la administración municipal, que comprende una extensión de 1300 a 1400 km (según distintas fuentes) entre la red vial rural secundaria provincial de tierra y la red vial rural terciaria municipal.
Como en muchos otros partidos bonaerenses, la cuestión del mal estado de los caminos rurales, por falta de conservación adecuada, genera un malestar colectivo en la comunidad productiva de propietarios y productores rurales, transportistas, prestadores de servicios rurales, docentes y alumnos de escuelas rurales que cotidianamente deben transitar los caminos rurales de tierra.
La LOM ofrece un amplio marco de opciones facilitadoras para brindar un marco institucional participativo de usuarios y contribuyentes de la red vial rural, todos ellas legalmente viables sólo debe contar con una decisión institucional municipal para posibilitarla otorgando facultades de control social en la aplicación de recursos públicos, gestión operativa participativa; oportunidad, mérito y conveniencia son factores de valoración política institucional, por parte de la administración municipal (Departamento Ejecutivo y Departamento Deliberativo) para avanzar en las distintas modalidades que la ley habilita, no es un problema de falta de ley o falta de normas jurídicas generales que están disponibles o de obstáculos legales.
El debate debe trascender la mera discusión del «envase» (sea asociación, sociedad de fomento, cooperativa, organismo descentralizado, consorcios o concesión a empresa privada -ver presentación-) sino concentrarse en los «contenidos» en el diseño de las regulaciones, atribuciones y funciones para posibilitarlas y concretarlas y que no queden en iniciativas testimoniales o simbólicas de «envases vacíos».
Sin duda la tasa de red vial en el interior rural bonaerense es de gravitante importancia como recurso no tributario de propia jurisdicción (los municipios no poseen facultades impositivas «estricto sensu») de allí puede inferirse cierta reticencia de muchos municipios por interpretar que «resignan recursos» si los usuarios y contribuyentes cooperan en la gestión económica y operativa del servicio público; como contracara en los últimos años se evidencia una saludable evolución de la jurisprudencia y de opiniones de los organismos de contralor que indican la necesidad que el servicio debe prestarse «efectivamente» y que el costo del servicio y el precio de la tasa guarde una razonable y equivalente relación, como también impulsan políticas públicas de transparencia y programas de modernización del Estado a las que la provincia y municipio han adherido.
Una opción novedosa se advierte con la sanción de la ley nacional 27328, su adhesión bonaerense por ley 14920 y la promoción de la adhesión por parte de los municipios de una herramienta de gestión instrumental: la «Participación pública privada» que puede desarrollarse a través de la figura de un contrato de fideicomiso público de administración vial rural transfiriendo el Municipio, en su calidad de Fiduciante y Fideicomisario, de bienes (maquinarias) y recursos públicos (la recaudación de la tasa y fondos afectados a fines viales por leyes provinciales) participando en el órgano de dirección o comisión ejecutiva como Fiduciario del Fideicomiso Público, representantes del Departamento Ejecutivo Municipal y de las organizaciones agrarias federadas en una entidad de bien público, que se cree y registre según lo previsto en la Ordenanza Municipal 7144/2017 de la Municipalidad de Junín (conferido arts. 1º y 2º).
Resulta indudable que la figura del Fideicomiso Público aplicado al Servicio Público de conservación y reparación de la red vial rural municipal queda comprendido en el artículo 4º de la Ley 27328 de Participación Público Privada, a la que la provincia se encuentra adherida : 1) Objetivos de interés público que la contratación tiende a satisfacer, 2) contemplar los mecanismos de supervisión y control, 3) Promover la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones del Estado y en la utilización de los recursos públicos, 4) respetar los intereses y derechos de los destinatarios de los servicios.
Resulta de especial atención el diseño de las cláusulas contractuales, sin agotar la enumeración, que contemplen fiscalización pública, por parte del Tribunal de Cuentas, y la adopción para el desenvolvimiento del Fideicomiso, del Reglamento de Contabilidad para los Municipios de la Provincia de Buenos Aires; creación y composición del órgano de dirección del Fideicomiso Publico, facultades de contratación de servicios y obras, conservación del régimen del empleado municipal afectado, establecimiento de las atribuciones y competencias, de las organizaciones agrarias federadas como entidad de bien público del partido de Junín, en el control de gestión de los recursos públicos, participación activa en el relevamiento vial rural, planes y proyectos viales.
Huelga referenciar que la modalidad del Fideicomiso Público no es extraña a la vida institucional de los municipios y tienen larga data si bien en la modalidad de Fideicomisos de Garantía para relacionarse con la Banca de Negocios del Banco de la Provincia de Buenos Aires o en el campo de las obras públicas con incidencia en los municipios; su procedencia, utilidad instrumental y aptitud no ha sido reprochada, por tal razón constituye una herramienta de gestión viable técnica, legal y operativamente sólo requiere una decisión institucional municipal concluyente.
Abogado Juan Carlos Acuña 